Por Juan José Razzo
En forma reciente en Sonora un comandante de la Policía Estatal fue detenido en un operativo relacionado con el grupo delincuencial “Los Salazar”, pero un asunto importante es que el gobernador Alfonso Durazo Montaño debió estar enterado y dio su visto bueno.
Eso marca una coordinación, tanto de las instancias como la FGR y la Interpol que cumplieron el mandato judicial, como del gobierno estatal, y que llevaría al elemento policial a un procedimiento con fines de extradición a Estados Unidos a solicitud de la DEA.
Hasta allí todo bien, pero el ayuntamiento de San Luis debería aprovechar la recta y comunicarle al mandatario sonorense los nombres de los 25 uniformados de la corporación local a quienes calificó de corruptos y no los podía correr porque simplemente no tenía fondos para pagar las indemnizaciones.
Si también están involucrados con el crimen, como lo dijo el representante municipal en una conferencia de prensa citada por varios medios, sería una movida inteligente pedirle a las otras instancias que también se abran indagatorias sobre ellos.
Quizá así se recobraría parte de la confianza perdida entre el estado y el municipio en varios temas, principalmente el de seguridad, como también lo han publicado medios independientes.
elinformante
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