Redacción/Tomado de pbs.org
Washington, D.C. (AP).- Una Corte Suprema dividida dictaminó el viernes que los jueces individuales carecen de la autoridad para otorgar mandatos judiciales a nivel nacional, pero la decisión dejó en duda el futuro de las restricciones del presidente Donald Trump a la ciudadanía por nacimiento.
El resultado fue una victoria para el presidente republicano, quien se ha quejado de los obstáculos que los jueces individuales ponen a su agenda.
Sin embargo, una mayoría conservadora dejó abierta la posibilidad de que los cambios en la ciudadanía por nacimiento permanezcan bloqueados a nivel nacional. La orden de Trump negaría la ciudadanía a los hijos nacidos en Estados Unidos de personas que se encuentran en el país sin autorización.
La ciudadanía por nacimiento convierte automáticamente en ciudadano estadounidense a cualquier persona nacida en Estados Unidos, incluyendo a los hijos de madres que residen ilegalmente en el país. Este derecho fue consagrado poco después de la Guerra Civil en la 14.ª Enmienda de la Constitución.
En una notable decisión de la Corte Suprema de 1898, Estados Unidos contra Wong Kim Ark, el tribunal sostuvo que los únicos hijos que no recibían automáticamente la ciudadanía estadounidense al nacer en territorio estadounidense eran los hijos de diplomáticos que tenían lealtad a otro gobierno; los enemigos presentes en Estados Unidos durante una ocupación hostil; los nacidos en barcos extranjeros; y los hijos de miembros de tribus indígenas americanas soberanas.
Estados Unidos se encuentra entre los aproximadamente 30 países donde se aplica la ciudadanía por nacimiento —el principio de jus soli o "derecho del suelo"—. La mayoría se encuentran en América, y Canadá y México se encuentran entre ellos.
Trump y sus partidarios han argumentado que deberían existir estándares más estrictos para obtener la ciudadanía estadounidense, lo cual calificó como "un regalo invaluable y profundo" en la orden ejecutiva que firmó en su primer día en el cargo.
El gobierno de Trump ha afirmado que los hijos de no ciudadanos no están "sujetos a la jurisdicción" de Estados Unidos, una frase utilizada en la enmienda, y por lo tanto no tienen derecho a la ciudadanía.
Sin embargo, los estados, los inmigrantes y los grupos de derechos que han demandado para bloquear la orden ejecutiva han acusado al gobierno de intentar desestabilizar la comprensión más amplia de la ciudadanía por nacimiento que se ha aceptado desde la adopción de la enmienda.
Los jueces han fallado unánimemente en contra del gobierno.
El Departamento de Justicia había argumentado que los jueces individuales carecían de la facultad de dar efecto a nivel nacional a sus fallos.
En cambio, la administración Trump quería que los jueces permitieran que el plan de Trump entrara en vigor para todos, excepto para el puñado de personas y grupos que lo demandaron. De no lograrlo, la administración argumentó que el plan podría permanecer bloqueado por ahora en los 22 estados que lo demandaron. Nuevo Hampshire está cubierto por una orden separada que no se discute en este caso.
Como alternativa, la administración solicitó, "como mínimo", que se le permitiera hacer anuncios públicos sobre cómo planea implementar la política si finalmente se permite su entrada en vigor.
elinformante
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