RedacciónHermosillo, Sonora.- La ilegalidad con que pretendían funcionarios de la administración 2006-2009 de Huatabampo despojar de terrenos al municipio, hubiera afectado a miles de personas y debilitado enormemente el patrimonio sonorense, consideró el diputado local Bulmaro Pacheco Moreno.
Durante su intervención en sesión permanente del Congreso local, el legislador priista dijo que la venta fraudulenta de terrenos de la playa de este municipio afectaba sensiblemente a los habitantes de Ciudad Obregón, Benito Juárez, Navojoa, Etchojoa y Álamos, que por muchos años han disfrutado de Huatabampito. La denuncia se presentó casi dos años atrás, afirmó el legislador.
“Los habitantes de la región, auténtico turismo social, que como nadie aprecian la belleza de las playas y las condiciones para la convivencia que ahí se dan, se verían afectados por el oportunismos de unos cuantos, que sólo aprovechan estar en un cargo público para despojar a los mas vulnerables”, enfatizó.
“Ya lo vimos con el grupo que gobernó Huatabampo entre 2006 y 2009. La mayoría de sus integrantes salió con negocios, concesiones o prebendas, o agrandaron los que ya tenían, vía la utilización del gobierno para tales fines. Felicidades a la gente que no se dejó y que al final logró que la buena política, el derecho y la razón se impusieran por encima de la codicia y el interés particular”, indicó.
A casi un año de la solicitud de Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) a la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), el pasado 21 de febrero a través de la Dirección General Adjunta de Ordenamiento Territorial, comunica al ISAF por escrito que: “Las superficies antes señaladas se encuentran en dominio de la Nación”.
“El Gobierno de Huatabampo, deberá agilizar sus trabajos para que en el corto plazo emita las conclusiones del proceso porque ya tiene en sus manos lo único que le faltaba para acreditar, en lo federal, la ilegalidad del caso: La ratificación de la autoridad federal sobre el régimen de propiedad en cuestión y castigar a los funcionarios que participaron en este atropello”, aseveró el diputado Pacheco Moreno.
El Diputado Local por el Distrito XXI, con cabecera en Huatabampo, insistió que la solidaridad de mucha gente de la Región del Mayo con la causa de Huatabampito debe servir de ejemplo, de un pueblo que luchó, que no se dejó someter por la soberbia, presiones, ataques y amenazas de los integrantes del “neocons” o “neopower” del Nuevo Sonora azul.
Las playas de Huatabampito, a salvo de la privatización y del abuso
Cuando a finales del 2009 se hizo la denuncia, ésta impactó no sólo en lo regional, sino también en el estado y en algunos medios de comunicación de circulación nacional. Fue noticia tanto por la naturaleza como por la ilegalidad de una transacción que de haberse consumado, hubiera afectado a miles de personas y debilitado enormidades el patrimonio de Huatabampo.
Por supuesto, que el asunto se convirtiera en noticia no fue gratuito, porque estamos hablando de una auténtica estafa para el patrimonio de miles de habitantes del Sur de Sonora, léase de Ciudad Obregón, Benito Juárez, Navojoa, Etchojoa y Álamos, que por muchos años han disfrutado de las playas de Huatabampito “los sin casa”; porque ellos son el auténtico turismo social de la región, que como nadie aprecia la belleza de las playas y las condiciones para la convivencia que ahí se dan.
¿Qué pasó con el asunto? Esta ha sido la pregunta recurrente de quienes han seguido el caso con interés. Algunos creyeron -por la tardanza- que por razones políticas se había llegado a alguna clase de negociación; otros pensaron resignados que se encontraban otra vez ante un típico carpetazo de autoridad. De haber sido así, se hubiera abonado en el clima de impunidad presente en una parte importante de los ilícitos cometidos por servidores públicos con el riesgo de abonar también en la crisis de credibilidad.
Pero por fortuna esos escenarios no se han presentado porque desde el principio se evidenció la ilegalidad del acto de compra-venta de las playas; no sólo por el hecho de violentar la ley y la reglamentación municipal, sino también por quebrantar la legislación federal al vender un terreno que es propiedad de la Nación. A efecto de entenderlo mejor, vayamos por partes.
¿Qué ha sucedido con el asunto de la venta de terrenos de las playas de Huatabampito? Basados en las recomendaciones del ISAF del Congreso del Estado, las autoridades del Ayuntamiento de Huatabampo procedieron a integrar, desde principios del 2010, el expediente de la venta de terrenos de playa propiedad de la Nación a una dudosa empresa inmobiliaria en primera instancia, y a la Unión de Crédito del municipio en segunda, por parte de funcionarios de la administración panista 2006-2009.
Funcionarios municipales que quince días antes de terminar su periodo, vendieron 155 hectáreas de playa por sólo 12 millones de pesos. De ese tamaño.
Por ahora todos estamos en espera de la resolución del Ayuntamiento de Huatabampo respecto al grado de responsabilidad de los funcionarios involucrados, para conocer las sanciones aplicables, empezando por los dos ex presidentes municipales: César Bleizeffer Vega, a quien el síndico procurador de la época señalara en el acta de Cabildo del 12 de febrero del 2009: “Que por instrucciones del C. Presidente Municipal se actuó con mucha discreción sobre el caso en mención”; incluyendo el punto en la sesión del 23 de febrero del mismo año- “autorización para lotificar y registrar ante el Registro Público de la Propiedad y poder vender la superficie del fundo legal de Yavaros” y en la sesión del 20 de agosto Julián González Ruiz director de Catastro: “Explicando la situación legal de la tenencia de la tierra referente al fundo legal de Yavaros dando una reseña de los procedimientos legales efectuados por Sindicatura y su correspondiente jurídico...por instrucciones del anterior presidente municipal C. César Bleizeffer Vega y dando continuidad con nuestro actual presidente Dr. José Romeo Planagumá Paredes (sic)...mismo que concluyó las operaciones antes de entregar el poder a la nueva administración”.
¿Se demostró que la operación de venta de terrenos de playa fue ilegal? Absolutamente. Con independencia de que no se cumplieron los mínimos requisitos plasmados en las leyes principalmente la de Gobierno y Administración Municipal, para realizar tal operación. Desde un principio se anotó que la propiedad ni fue cedida por el Gobierno federal (como se trató de explicar tiempo después) ni fue desincorporada de su patrimonio para adjudicarla al Municipio, según lo demostró en su tiempo el Departamento Jurídico del Congreso del Estado. No hubo bases firmes para la operación.
Desde el principio de la investigación, el ISAF solicitó a la SRA aclarar en qué tipo de situación y orden legal se encontraba la propiedad en litigio: Si había sido cedida a Huatabampo (como originalmente se dijo); si tenía otros posesionarios (vía la denuncia, en tiempo y forma); o si continuaba bajo dominio de la Nación.
A casi un año de la solicitud de ISAF a la SRA, el pasado 21 de febrero a través de la Dirección General Adjunta de Ordenamiento Territorial, le comunica al ISAF por escrito que: “Las superficies antes señaladas se encuentran en dominio de la nación”.
La propiedad en cuestión, entonces motivo de la consulta, no pertenecía al Municipio al momento de la operación de venta, quedando demostrado con eso, que cualquier compraventa realizada sobre esa superficie de terreno carece no sólo de validez, sino que anula de origen los títulos fraudulentos expedidos por la Administración municipal; es decir: Los títulos nacieron viciados y elaborados en forma ilegal porque nunca se demostró el dominio del Municipio sobre la propiedad negociada. También queda sin efecto el registro reciente de una parte de los títulos, realizado sigilosamente ante el Registro de la Propiedad de Huatabampo como para cumplir compromisos.
Por lo tanto, los funcionarios que participaron en la venta son responsables de un acto contrario a la Ley, y se deberá fincar una responsabilidad que debe ser sancionada por la autoridad municipal y, en su caso ante la justicia federal para que respondan por el delito de vender una propiedad de la Nación sin tener las correspondientes atribuciones de ley.
¿Puede el Ayuntamiento reclamar para Huatabampo de nuevo la propiedad mediante otra solicitud al Gobierno federal? Ya lo hizo antes en marzo del 2006 el ex presidente municipal Juan José Lam: “Manifiesta (el presidente municipal) su interés en adquirir en enajenación los predios denominados MARLINDA y MARLIBÚ, ubicados en el municipio y estados citados ejerciendo a su vez el derecho de preferencia a dicho Ayuntamiento para adquirirlo por la vía de enajenación onerosa”.
Eso se le concedió al ayuntamiento en una primera instancia, pero el acto se revocó por juicios ante el Tribunal Agrario promovidos por particulares (Enrique Martínez Mondaca y hermanos). El 15 de julio del 2008 a través de la Dirección Jurídica Consultiva adscrita a la Unidad de Asuntos Jurídicos emitió opinión de alcances y efectos jurídicos, estableciendo lo siguiente: “PRIMERA: Esta área jurídica estima que corresponde a la Dirección General de Ordenamiento y Regularización dejar sin efecto el acuerdo de fecha 8 de mayo de 2006 por el cual se concedió el derecho de preferencia al H. Ayuntamiento de Huatabampo Sonora, para adquirir en enajenación, los predios identificados como MARLINDA y MARLIBÚ, ambos en el municipio de HUATABAMPO, estado de Sonora”, y sigue: “SEGUNDO: para otorgar el derecho de preferencia a que se refiere dicho acuerdo, tendrá que agotarse el procedimiento que marca la Ley Agraria, en su título noveno, correspondiente a terrenos baldíos y nacionales en sus artículos del 157 al 162, 104 al 125 del reglamento de la Ley Agraria en materia de ordenamiento de la propiedad rural, esto es realizar el deslinde correspondiente”.
En caso de concretarse la solicitud, ésta llevará su tiempo y de ninguna manera ejercería retroactividad sobre acciones anteriores a la concesión, pero de acuerdo con la resolución señalada, el ayuntamiento por ahora no tiene el derecho de preferencia. Nunca se le dio seguimiento al trámite.
¿Qué sucederá con el dinero que aportaron los compradores de los lotes? Probablemente los afectados al sentirse engañados por quienes los involucraron en la compra pudieran reclamar al Ayuntamiento la devolución del dinero que soltaron para hacerse de las propiedades mencionadas. Dadas las condiciones presupuestales, el Ayuntamiento de Huatabampo de seguro no cuenta con los recursos para devolver el dinero a los interesados.
Se debe aclarar que el dinero que ingresó por la venta de lotes de esas playas entre agosto y septiembre del 2009 supuestamente se gastó en pagar deudas y otorgar indemnizaciones a los funcionarios del ayuntamiento saliente. Pero existe también la posibilidad de que una parte importante del dinero nunca haya entrado a la Tesorería municipal, porque en el arqueo que se hizo no se encontraron registros ni recibos, deslizándose la posibilidad de una simulación entre los involucrados.
¿Qué hará al Ayuntamiento cuando le reclamen la devolución del dinero pagado por los terrenos (más o menos 15 millones de pesos)? Puede irse por el camino de la legalidad. Aquí sí que “lo que no fue en su año, sí -lo- fue en su daño”, y lo saben muy bien quienes actuaron en contra del patrimonio de Huatabampo. Deberá el Ayuntamiento entablar comunicación con quienes le reclamen -si es que reclaman- la devolución del dinero, explicarles con mucha claridad el fraude de que fueron víctimas y fundamentarles que se carece de dinero para regresarles lo que gastaron. Aún así deberá prepararse también para cualquier tipo de litigio que los presuntos afectados ejerzan.
Recordemos bien que en el ámbito del derecho administrativo y la Ley de Responsabilidades de los Funcionarios Públicos con el fraude se prefigura también el delito de “daño patrimonial”, en este caso contra el Ayuntamiento, porque además de la ilegalidad de la venta, no existe claridad sobre el destino de los recursos obtenidos por la mencionada operación.
¿En qué situación quedan los ex funcionarios del ayuntamiento 2006-2009 hoy en su mayoría funcionarios del Gobierno estatal? Dependerá de las conclusiones a las que llegue el Órgano Interno de Control, que fincará las responsabilidades a cada uno de los involucrados, primero en lo administrativo porque llegado el caso podría decidirse hasta la inhabilitación para ocupar cargos públicos y tratándose de la venta ilegal de una propiedad nacional, la responsabilidad podría ampliarse hasta llegar al ámbito penal, mediante denuncia ante la justicia federal por estar involucrado un bien actualmente “en dominio de la Nación”.
En este proceso, los regidores del ayuntamiento 2006-2009 también tienen su responsabilidad según se deriva del análisis minucioso de las actas de las sesiones de cabildo donde se trató el tema. Ellos también apoyaron y firmaron sin sustento y sin reserva alguna la operación de venta.
¿Cuál será entonces la postura del Gobierno estatal en el asunto, porque la mayoría de los involucrados ahora trabajan ahí? Al Gobierno del Estado se le acabaron los pretextos para argumentar que el asunto era una cuestión política, personal o mediática contra los funcionarios –hoy estatales- involucrados. El tiempo por fin le dio la razón a quienes siempre sostuvieron que se trataba de “la ilegal venta de terrenos ubicados en el lugar conocido como Puente Quemado, comprendiendo los predios Marlibú y Marlinda en la parte oriente de la playa de Huatabampito Sonora en la forma más corrupta, fraudulenta, dolosa, temeraria, tendenciosa e ilegal, en perjuicio de la sociedad en general”.
El Gobierno de Huatabampo entonces, deberá agilizar sus trabajos para que en el corto plazo emita las conclusiones del proceso porque ya tiene en sus manos lo único que le faltaba para acreditar-en lo federal- la ilegalidad del caso: la ratificación de la autoridad federal sobre el régimen de propiedad en cuestión.
El gobernador Guillermo Padrés en alguna ocasión mencionó con relación al tema, que él estaría pendiente de la resolución de las autoridades municipales para actuar en consecuencia.
Como llevando la contra, los funcionarios involucrados, por distintos medios le dicen a quien quiera escucharlos que “nada les va a pasar”, porque están muy bien protegidos allá arriba. ¿Será?
¿Se podrían presentar futuras operaciones de este tipo en el municipio, dada la calidad de sus playas y la codicia que despiertan? Derivado de la nefasta experiencia vivida, ahora más que nunca se deberá blindar la propiedad de las playas mediante un trabajo intenso en coordinación con el Gobierno federal para que en el futuro inmediato el municipio cuente con las reservas de terreno necesarios -no para especular- sino para promover el desarrollo económico de la zona en una época en la cual el turismo adquiere una especial relevancia como actividad generadora de empleos y divisas.
También para que el manejo de las reservas territoriales no dependa del capricho de la autoridad municipal en turno, deberá integrarse un organismo que funcione en forma permanente entre los gobiernos y los sectores privado y social para darle seguimiento a cualquier proyecto de desarrollo que pudiera generarse en el futuro para beneficio de la región.
¿Cómo se presentan los tiempos para el manejo del problema? La autoridad municipal de Huatabampo deberá darle celeridad al proceso con las comparecencias de los funcionarios involucrados, para que respondan por sus actos y en su caso fincarles las responsabilidades que correspondan. Deberá también continuarse con el juicio de nulidad de la compraventa promovido ante el Juzgado Primero Mixto de Primera Instancia de Huatabampo que -con todo respeto a la división de poderes- ya tiene los elementos necesarios para agilizar la decisión y el elemento jurídico de contundencia para demostrar que la operación fue totalmente fraudulenta.
¿Alguna experiencia para los pueblos en el futuro que pudiera derivarse del caso en cuestión? Que los ciudadanos se fijen muy bien en quién recae su voto. Que no elijan aventureros políticos que a nombre de una causa o un partido sólo quieren saciar sus aspiraciones de riqueza y de poder, pasando por encima de la ley y todo lo que se les ponga enfrente. Erradicar de los procesos electorales a quienes sólo buscan saquear el patrimonio municipal y agrandar sus ganancias privadas a costa de la pobreza del municipio y el atraso de sus gentes.
Ya lo vimos con el grupo que gobernó Huatabampo entre 2006 y 2009. La mayoría salió con negocios, concesiones o prebendas, o agrandaron los que ya tenían, vía la utilización del gobierno para tales fines.
La solidaridad de mucha gente de la Región del Mayo con la causa de Huatabampito debe servir de ejemplo para un pueblo que no se dejó, que luchó, que no se dejó avasallar por la soberbia y el abuso de los integrantes del “neocons” o “neopower” del Nuevo Sonora Azul que han ejercido presiones, ataques y amenazas de todo tipo.
Felicidades a la gente que no se dejó y que al final logró que la buena política, el derecho y la razón se impusieran por encima de la codicia y el interés particular.
Ahí están sus playas a salvo de la privatización y del abuso. Ahí estarán ya con certidumbre y seguridad principalmente los miles de turistas sociales de la Región del Mayo-y el Yaqui- que año con año disfrutan las playas. Enhorabuena por todos ellos y que las autoridades ya sin dilación, apoyadas en la ley y en la justicia, hagan lo que corresponda ahora que la razón legal se impuso.
elinformante
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