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| El comandante se "comió" a los regidores. |
Por Juan José Razzo
La mayoría de los regidores del 26 Ayuntamiento están bien “lempas”,
como se les dice en ciertos reclusorios a los internos nuevos o novatos, y se
nota que ni siquiera han leído la Ley de Gobierno y Administración Municipal.
“Es producto de la improvisación de los partidos, que ponen a compadres, amigos y queridas”, sentenció el ex edil del desaparecido Partido Popular Socialista (PPS), Esteban Rojas Saldívar, quien fungió en el periodo 1988-1991.
Este viernes estaba en la antesala de Cabildo, mientras se realizaba
una sesión, y puntualizó que la política no se estudia en escuelas, pero quien
tiene deseos de superarse, lo logra con la lectura de leyes y el sentido
social.
En el interior, tras iniciar la reunión oficial se pidió a los
concejales la dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior, pero por
no leer bien los puntos de la agenda, la regidora panista Patricia Noriega Federico se brincó hasta querer hacerle
enmiendas.
Mientras varios y varias representantes “populares”
revisaban correos electrónicos particulares en sus lap-tops, se informó que el
comandante de la Policía, Francisco Vázquez Bustamante, presentaría la
propuesta para reabrir la Academia policial.
Sin que se solicitara permiso al concilio para que tomara la
palabra, el jefe policial blandió el micrófono y presentó el proyecto de manera oral, sin un croquis, diagrama u hoja escrita sobre el tema.
Sólo los integrantes del Cabildo –a lo mejor los ediles no
saben quienes conforman ese órgano de Gobierno- tienen voz y voto, y el resto
de los habitantes del mundo sólo pueden tener voz si lo autoriza la mayoría
simple.
Después con el tema de la designación de delegados de las
comunidades rurales, los concejales del PRI y PAN, Antonio Ramírez Wakamatzu y
Víctor Acosta Cid, agarraron una plática cerrada de micrófono a micrófono, sin
que ninguno de los presentes objetara nada.
Después de muchos minutos, tuvo que interrumpirlos el
alcalde Leonardo Guillén Medina, para aclararles que las intervenciones deben
ser dirigidas al consejo general y no de manera personal. Están prohibidas las
pláticas.
También está que uno de los ediles abogados, Leonardo
Aguirre Yescas, citó una tal Ley de Participación Social de Sonora, la cual no
existe, es posible que se refiriera a la Ley de Participación Ciudadana.
Por cierto cada uno de los ediles nos cuesta 30 mil pesos
mensuales, entre todos más de 7.5 millones al año tan sólo en salarios.
elinformante
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