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Redacción
Hermosillo, Sonora.- En Sonora se sienta un precedente importante a nivel nacional, luego que en forma unánime diputados locales aprobaron la iniciativa propuesta por la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano para reformar el código penal del estado, y aumentar la pena hasta 70 años de prisión a quien prive de la vida a personas menores de 12 años de edad cuando se hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, utilizando armas de fuego, resaltó Iván Jaimes Archundia.
El consejero jurídico del Gobierno del Estado, agregó que esta modificación al código penal se da en el contexto del ataque que sufrieron miembros de las familias Langford y LeBarón en los límites de Sonora y Chihuahua, y envía un poderoso mensaje que quienes atenten contra niñas y niños pagarán con la pena máxima.
“No sólo hacen historia en relación a la aprobación en la pena máxima de 70 años, particularmente entendiendo el contexto en el que se dio esta reforma y la aprobación de esta reforma, con los hechos infames y lamentables ocurridos en la frontera entre Sonora y Chihuahua, y que además esto es el reflejo del trabajo de colaboración, de ayuda mutua entre los poderes del estado para darle resultados a la ciudadanía y para mandar una señal contundente de que el estado no dejará de descansar para hacer frente al flagelo del crimen, y particularmente de aquel flagelo que implique el daño a personas inocentes como ocurrió en Bavispe”, aseveró.
Jaimes Archundia agregó que estas acciones ayudarán a fortalecer la estrategia de seguridad que tanto reclama la ciudadanía, además de convertirse en una herramienta eficaz al momento de investigar este tipo de casos para poder imponer la pena máxima de hasta 70 años para quienes incurran en estos actos infames.
“Esto debe de servir como un ejemplo a nivel nacional para que el resto de los estados, incluyendo la federación, estudien y analicen de que este precedente de los 70 años cuando se cometa en contra de infantes menores de 12 años también pueda ser legislado. Necesitamos mandar una señal contundente, fuerte, que consolide la protección de víctimas inocentes en este tipo de flagelos sociales incitados por el crimen”, señaló.
El consejero jurídico del Gobierno del Estado comentó que el hecho de que se haya aprobado esta iniciativa por unanimidad, significa que tanto el poder Legislativo como el Ejecutivo buscan el mismo fin: el de hacer justicia para que se castigue de manera ejemplar a los responsables, y sobre todo prevenir que se vuelvan a cometer este tipo de ilícitos.
“Creo que las diputadas y los diputados tomaron una determinación con estatura de miras, atendiendo la alta responsabilidad que el Estado, dentro del cual se haya el Congreso del Estado, han hecho y están haciendo de sí mismos poniéndose del lado de las víctimas, pero sobre todo entendiendo la necesidad de este tipo de instrumentos y de este tipo de acciones”, resaltó.
elinformante
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