Por Juan José Razzo
Aunque ya se publicaron algunos datos el asunto no está del todo claro, ni siquiera de si es verdad en el sentido de documentos fehacientes que lo prueben, pero además quizá esconde un reacomodo de fuerzas políticas o una vendetta relacionada con otros acontecimientos todavía con rencores pendientes.
Semanas atrás un abogado de fuera de la ciudad abordó al reportero y le narró que en el asunto del predio “Los Tabachines” existen lo que asegura son pruebas de un megafraude con recursos municipales.
Ante las objeciones respecto a publicar tal caso, el jurisconsulto pidió investigar el asunto pero ante la negativa debido a muchas situaciones, entre ellas mi proceso de retiro, quedó él de regresar con todos los documentos y entonces lograr que se publique. Ese es el reto casado.
Una de las situaciones mencionadas por el licenciado es que su servidor sería la única persona que podría publicar tal información en este municipio, pero la réplica es que si el asunto es de tal magnitud como la plantea podría ser de interés de medios como Proceso, El Universal o Reforma a nivel nacional, según se comentó en la plática que permitió se grabara bajo el compromiso del anonimato… por el momento.
Tras proporcionar todos sus datos, credencial de elector y ser corroborados, en una investigación menor se estableció que el titular en Derecho está relacionado con exfuncionarios de la Aduana, por lo que este pormenor podría estar relacionado con una venganza y posiblemente quieren utilizar a alguien para golpear políticamente al ayuntamiento.
Otro aspecto, es como dijo un malogrado periodista quien cuando me preguntó que si qué pensaba la gente de lo que publicaba, le contesté, entre muchos planteamientos, que se decía que la información se la pasaba un cártel para que atacara al otro, a lo que argumentó “si la información es cierta hay que usarla venga de donde venga”.
A grandes rasgos el abogado afirmó que el predio “Los Tabachines”, localizado al oeste de San Luis Río Colorado, fue adquirido por la Inmobiliaria Municipal a cargo del director Josué Castro Loustaunau, pero a un sobreprecio a una familia de apellido Torres, después fue fraccionado y los solares fueron repartidos entre integrantes de la misma familia, funcionarios municipales, parientes de ellos y algunos periodistas.
El jurisconsulto insistió en que este asunto es de interés público, por lo que debe aclararse a fondo, pero dio a entender que en el ayuntamiento se ha coartado la información que debería ser pública.
Surgen varias preguntas si el asunto es cierto: ¿Quién era el propietario original del predio? ¿Cuál fue el precio de compra? ¿Cuál es su valor real? ¿Se siguieron todos los procedimientos legales en la transacción? ¿Quiénes fueron los beneficiarios finales de los terrenos?
elinformante
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