RedacciónCiudad de México, D.F.- La Comisión de Justicia aprobó la iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, en la cual se endurecen las penas contra los secuestradores y los servidores públicos que participen en el delito.
Leonardo Guillén Medina, integrante de la Comisión de Justicia, explicó que aun cuando la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro que entró en vigencia en febrero de este año, constituye un gran avance para desalentar la comisión del delito del secuestro, se observaba que algunas de sus disposiciones pueden ser mejoradas, precisadas, en beneficio de un combate cada vez más eficaz.
El Diputado federal por San Luis Río Colorado e integrante del Grupo Parlamentario del PAN (Gppan) dijo que siguen fortaleciendo los instrumentos legales para que las autoridades responsables de seguridad pública y de la procuración e impartición de justicia, tengan una actuación más eficaz, coordinada y decidida en la prevención y sanción del delito de secuestro.
Destacó que para esto, se integró al interior de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, un grupo plural de trabajo para revisar las disposiciones de esta nueva ley, además se realizaron foros académicos, se invitaron especialistas y representantes de organizaciones no gubernamentales (ONG’s), destacando la participación de Alejandro Martí e Isabel Miranda de Wallace.
Leonardo Guillén (foto) consideró que con estas reformas se estima que se mejorarán la investigación y persecución del secuestro en el País y, se da vigencia real a la fracción 21 del Artículo 73 constitucional que estableció la obligación del Congreso de la Unión de expedir una Ley General en Materia de Secuestro.
Respecto a la iniciativa, explicó que se establecen sanciones diferenciadas para conductas que actualmente son castigadas con la misma penalidad, independientemente de la gravedad de las mismas.
El Legislador estableció que el delito de secuestro en todas sus modalidades es grave y se perseguirá de oficio y en cuanto a las penas, detalló que el secuestrador recibirá de 25 a 45 años de prisión y de mil a 4 mil días de multa cuando se presente alguna o algunas de las circunstancias siguientes: Que se efectúe en camino o vía pública o en lugar solitario o desprotegido; que se realice por dos o más personas; que se lleve a cabo con violencia, o que se allane el inmueble donde se encuentra la víctima.
La pena de 30 a 50 años de prisión y de mil 500 a 4 mil días de multa, cuando la víctima sea menor de 18 años o mayor de 60 años de edad; no tenga capacidad para comprender el significado del hecho o para resistirlo, o sea una mujer en estado de gravidez notoria.
El secuestrador recibirá una pena de 30 a 55 de prisión y de 5 mil a 8 mil días multa, cuando el o los autores sean o hayan sido miembros de alguna institución de seguridad pública, de procuración o administración de justicia, de prevención o readaptación social o de las fuerzas armadas mexicanas, o se ostenten como tales sin serlo; que el autor o autores tengan vínculos de parentesco, amistad, confianza, relación laboral o gratitud con la víctima o alguna persona relacionada con ésta, o que cause a la víctima durante el cautiverio alguna lesión.
Una pena de 35 de prisión a prisión vitalicia y de 6 mil a 9 mil días de multa, cuando se ejerzan actos de tortura o violencia sexual en contra de la víctima, o la víctima fallezca durante o después de su cautiverio por cualquier alteración de su salud que sea consecuencia del secuestro, o por enfermedad previa que no hubiere sido atendida en forma adecuada por los autores o partícipes del delito.
Leonardo Guillén destacó que en la Comisión de Justicia se estableció que se sancionará con pena de 40 años de prisión a prisión vitalicia y de 10 mil a 12 mil días multa a los autores o partícipes del secuestro que priven de la vida a la víctima.
elinformante
No hay comentarios:
Publicar un comentario