○ “El hecho es que soy totalmente inocente”, dijo TrumpRedacción/By Wayne Unger, The Conversation/Tomado de pbs.org
Donald Trump es ahora un delincuente convicto y será el primer presidente de los Estados Unidos con una condena por delito grave.
El 10 de enero de 2025, el juez Juan Merchan, quien presidió el juicio en un tribunal estatal de Nueva York, condenó a Trump a una absolución incondicional por los 34 cargos de delito grave de falsificación de registros comerciales en primer grado. En su declaración ante el tribunal, Trump mantuvo el punto que había planteado durante todo el proceso, que todo el caso era una cacería de brujas política.
“El hecho es que soy totalmente inocente”, dijo Trump a través de una aparición en video en el tribunal.
Durante la sentencia, Merchan dijo que era muy consciente del conjunto único de circunstancias que tenía ante sí él y el país. Calificó el juicio como ordinario, aunque reconoció que el contexto del caso era extraordinario.
“Nunca antes este tribunal se había enfrentado a un conjunto de circunstancias tan único y extraordinario”, dijo Merchan.
La sentencia pone fin a esta fase del caso. Una vez que la sentencia se registre oficialmente en una sentencia final, Trump puede apelar el caso, ya que tiene el derecho legal de hacerlo. El abogado de Trump, Todd Blanche, dejó en claro durante la sentencia que Trump tiene la intención de apelar.
Trump finalmente no logró bloquear la sentencia
El 30 de mayo de 2024, un jurado del condado de Nueva York declaró a Trump culpable de 34 cargos de falsificación de registros comerciales en primer grado. Eso constituyó un delito grave de Clase E en el estado de Nueva York, cuando la falsificación se comete con la intención de defraudar, cometer otro delito o ayudar u ocultar la comisión de otro delito.
Los delitos graves de clase E conllevan una pena potencial de hasta cuatro años de prisión y una multa de hasta 5.000 dólares por cada cargo. Sin embargo, los tribunales de primera instancia se reservan la facultad discrecional de imponer una sentencia que tenga en cuenta otros factores, como los antecedentes penales del acusado.
En presentaciones judiciales recientes, Trump intentó que se anulara su veredicto de culpabilidad, argumentando que la reciente decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre la inmunidad presidencial en los procesos penales significaba que no podía ser declarado culpable.
El 1 de julio de 2024, la Corte Suprema de Estados Unidos había concluido que la Constitución otorga “inmunidad absoluta frente a los procesos penales por acciones dentro de su… autoridad constitucional”. El tribunal también había concluido que los presidentes tienen “al menos inmunidad presunta frente al procesamiento por todos sus actos oficiales” y “ninguna inmunidad por actos no oficiales”.
Para ser claros, Trump fue condenado por conducta ilegal que ocurrió antes de su primer mandato como presidente. Y si bien parece que el fallo del 1 de julio de la Corte Suprema se aplica tanto a los procesos penales estatales como federales, el tribunal sostuvo que no hay inmunidad para los actos no oficiales, que sin duda es la falsificación de registros comerciales.
El 3 de enero de 2025, el juez Merchan rechazó el argumento de Trump sobre la inmunidad presidencial porque la decisión de inmunidad de la Corte Suprema no es aplicable en el caso de Trump en Nueva York.
El 9 de enero de 2025, el tribunal más alto de Nueva York se negó a bloquear la sentencia de Trump. La Corte Suprema de Estados Unidos a última hora del mismo día rechazó la solicitud de emergencia de Trump de detener la sentencia, diciendo en su orden que "la carga que la sentencia impondrá sobre las responsabilidades del presidente electo es relativamente insustancial a la luz de la intención declarada del tribunal de primera instancia de imponer una sentencia de 'liberación incondicional' después de una breve audiencia virtual".
De hecho, Merchan había expresado poca disposición a imponer una pena de prisión al presidente electo. En la orden que rechaza el argumento de inmunidad presidencial de Trump, Merchan dijo: “Parece apropiado en este momento dar a conocer la inclinación de la Corte a no imponer ninguna pena de prisión”.
Incluso si Merchan impusiera una pena de prisión, muchos expertos en derecho constitucional, incluido yo, argumentan que la sentencia de Trump, como mínimo, se aplazaría hasta después de su próximo mandato en la Oficina Oval.
Más bien, Merchan impuso una “liberación incondicional” como sentencia. Eso significa que no hay sanciones ni condiciones impuestas a Trump, como una pena de prisión o libertad condicional.
Al servicio del interés público, no del tiempo
Según la ley de Nueva York, un tribunal “puede imponer una sentencia de absolución incondicional… si el tribunal, teniendo en cuenta la naturaleza y las circunstancias del delito y los antecedentes, el carácter y la condición del acusado, opina que ni el interés público ni los fines de la justicia se verían favorecidos por una sentencia de prisión y que la supervisión de la libertad condicional no es adecuada”.
En relación con el caso de Trump en particular, Merchan escribió: “Una sentencia de absolución incondicional parece ser la solución más viable para garantizar la firmeza y permitir que (Trump) ejerza sus opciones de apelación”.
En pocas palabras, parece que Merchan, después de considerar la totalidad de las circunstancias, incluida la elección de Trump para un segundo mandato como presidente, concluyó, como es su derecho como juez, que lo mejor para el interés público es no encarcelar a Trump.
En general, los tribunales de primera instancia se reservan una enorme cantidad de discreción cuando se trata de imponer sentencias. Las legislaturas pueden, y a menudo lo hacen, establecer pautas de sentencia, prescribiendo qué sanciones pueden imponer los jueces de primera instancia. Está claro en este caso que la Legislatura del Estado de Nueva York permite a los jueces de primera instancia, a su discreción, dictar una “liberación incondicional” como sentencia.
De manera única, Trump había solicitado la desestimación de su veredicto de culpabilidad antes de su sentencia. Normalmente, los acusados penales no tienen derecho legal a apelar sus veredictos hasta que se dicte una sentencia final en su contra. En el derecho penal, una sentencia final debe incluir la sentencia del acusado.
Pero, por supuesto, no se trata de un caso penal común y corriente. Como insinuó Merchan, seguir adelante con la sentencia favorece a Trump porque daría lugar a que se dictara una sentencia definitiva en su contra, lo que le permitiría apelar debidamente su condena.
Wayne Unger es profesor adjunto de Derecho en la Universidad de Quinnipiac. Este artículo se publica de nuevo en The Conversation bajo una licencia Creative Commons. Lea el artículo original.
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