Redacción/Tomado de un.org
En 2026, el Día Mundial de la Justicia Social se conmemora bajo el lema “Compromiso renovado con el desarrollo social y la justicia social”. Las celebraciones de este año tienen lugar tras la Segunda Cumbre Mundial para el Desarrollo Social y la adopción de la Declaración Política de Doha. Los Estados Miembros, al reafirmar los compromisos de la Declaración de Copenhague de 1995, subrayaron que la erradicación de la pobreza, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos, y la inclusión social son los pilares interrelacionados del desarrollo social.
Si bien se han registrado avances significativos en la reducción de la pobreza, la educación y la cobertura de la protección social, las desigualdades estructurales, la precariedad del mercado laboral, las disparidades de género y la disminución de la confianza en las instituciones siguen obstaculizando el desarrollo inclusivo y sostenible. Por lo tanto, un compromiso renovado implica fortalecer la coherencia de las políticas en las dimensiones económica, social y ambiental, reforzar la cooperación multilateral y situar la equidad y la solidaridad en el centro de la formulación de políticas a nivel mundial.
Del compromiso político a la aplicación
Guiada por la Declaración Política de Doha y los resultados del 64.º período de sesiones de la Comisión de Desarrollo Social, la celebración de 2026 hace hincapié en la necesidad de traducir los compromisos políticos en resultados concretos y cuantificables. El avance del desarrollo social y la justicia social requiere políticas coordinadas, equitativas e inclusivas que integren la dimensión social en las estrategias macroeconómicas, laborales, climáticas, digitales e industriales.
En este sentido, los Estados Miembros han reafirmado la necesidad de marcos macroeconómicos que generen oportunidades de empleo y salarios dignos, fortalezcan las instituciones del mercado laboral y garanticen la protección social universal. Se necesita fomentar la igualdad de género, las oportunidades para los jóvenes, la transición de la economía informal a la formal y la garantía de transformaciones justas e inclusivas en las economías digital y verde. Es esencial mejorar la colaboración entre múltiples partes interesadas, como gobiernos, organizaciones internacionales, interlocutores sociales y sociedad civil, para movilizar recursos, fomentar la innovación en materia de políticas y acelerar la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, sin dejar a nadie atrás.
Antecedentes
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) adoptó por unanimidad la Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización equitativa el 10 de junio de 2008. Esta es la tercera declaración de principios y políticas de gran alcance adoptada por la Conferencia Internacional del Trabajo desde la Constitución de la OIT en 1919. Es heredera de la Declaración de Filadelfia, de 1944, y de la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo y su seguimiento, de 1998. La Declaración de 2008 expresa la visión contemporánea del mandato de la OIT en la era de la globalización.
Esta Declaración señera es una decidida reafirmación de los valores de la OIT. Es el resultado de consultas tripartitas que se iniciaron tras el lanzamiento del Informe de la Comisión Mundial sobre la Dimensión Social de la Globalización. Con la adopción de este texto, los representantes de los gobiernos y de las organizaciones de empleadores y de trabajadores de 182 Estados Miembros subrayaron la contribución clave de nuestra Organización tripartita al progreso y la justicia social en el contexto de la globalización. Se comprometieron a unir sus esfuerzos para reforzar la capacidad de la OIT en el avance hacia dichas metas a través de la Agenda de Trabajo Decente. La Declaración institucionaliza el concepto de Trabajo Decente desarrollado por la OIT desde 1999, y lo sitúa en el centro de las políticas de la Organización para alcanzar sus objetivos constitucionales.
Esta Declaración surge en un momento político crucial, que refleja el amplio consenso acerca de la necesidad de una fuerte dimensión social en la globalización, que permita conseguir mejores resultados y que estos se repartan de manera más equitativa entre todos. La Declaración constituye una brújula para la promoción de una globalización equitativa basada en el Trabajo Decente, así como una herramienta práctica para acelerar el progreso en la aplicación de la Agenda de Trabajo Decente a nivel de país. Asimismo, refleja una perspectiva productiva que destaca la importancia de las empresas sostenibles para la creación de más empleo y oportunidades de ingresos para todos.
La Asamblea General reconoce que el desarrollo social y la justicia social son indispensables para la consecución y el mantenimiento de la paz y la seguridad en las naciones y entre ellas, y que, a su vez, el desarrollo social y la justicia social no pueden alcanzarse si no hay paz y seguridad o si no se respetan todos los derechos humanos y las libertades fundamentales.
Reconoce además que la globalización y la interdependencia están abriendo nuevas oportunidades mediante el comercio, las corrientes de inversión y capital y los adelantos de la tecnología, incluida la tecnología de la información, para el crecimiento de la economía mundial y el desarrollo y la mejora del nivel de vida en todo el mundo, al mismo tiempo que persisten problemas graves, como agudas crisis financieras, inseguridad, pobreza, exclusión y desigualdad, en el seno de las sociedades y entre unas y otras, y grandes obstáculos para que haya una mayor integración y una participación plena de los países en desarrollo y de algunos países de economía en transición en la economía mundial.
El 26 de noviembre de 2007, la Asamblea General declara que, a partir de su sexagésimo tercer período de sesiones, el 20 de febrero de cada año se celebrará el Día Mundial de la Justicia Social (A/RES/62/10).
elinformante
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