Redacción
Ocho ex funcionarios de la administración municipal de San Luis Río Colorado en el periodo 2009-2012, fueron inhabilitados por 10 años para desempeñar puestos, cargos, empleo o cualquier comisión en el servicio público, luego de que se les acreditó responsabilidad administrativa por lucro con recursos públicos y daño patrimonial al Ayuntamiento.
A cuatro de los ex funcionarios se les aplicó sanción económica; en conjunto, estos cuatro ex funcionarios deberán pagar una suma cercana a los 7 millones de pesos.
La sentencia se dictó el pasado 28 de mayo en el expediente 052/2013 y la mañana de este jueves 30 de mayo los ex funcionarios fueron notificados por la Contraloría Municipal a través de su abogado particular.
Los ex funcionarios sancionados con inhabilitación y económicamente son los siguientes:
Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo (ex alcalde), inhabilitación por 10 años para desempeñar cargo público y sanción económica por $2 millones 187 mil 952.15 pesos;
Joel Ricardo Aguirre Yescas (ex alcalde), inhabilitación por 10 años para desempeñar cargo público y sanción económica $66 mil 806.03 pesos;
Carlos Vélez Landeros (ex director de Servicios Administrativos), inhabilitación por 10 años para desempeñar cargo público y sanción económica $4 millones 540 mil 538.68 pesos;
Marcela Judith Avilés Torres (ex directora de Servicios Administrativos), inhabilitación por 10 años para desempeñar cargo público y sanción económica $99 mil 521.92 pesos;
María Guadalupe Meza Ojeda (ex tesorera municipal), inhabilitación por 10 años para desempeñar cargo público;
Guillermo Adalberto Reina Celaya (ex director de DIF municipal), inhabilitación por 10 años para desempeñar cargo público;
María Aracely Aguilar Camarena (ex directora de DIF municipal), inhabilitación por 10 años para desempeñar cargo público;
Susana Gutiérrez Noriega (ex oficial mayor de DIF municipal), inhabilitación por 10 años para desempeñar cargo público;
El procedimiento para fincar las responsabilidades administrativas a los ex funcionarios se inició en febrero de este año, luego de conocerse mediante dictamen emitido por la Comisión Especial Plural de Entrega – Recepción a cargos de los regidores de nombre Víctor Acosta Cid, Víctor Hugo Galarza Domínguez, Karina Esthela Silva Córdova, Delia Murrieta López, Martín De Porres García Reina, Arleth Villareal Garza y Leobardo Aguirre Yescas, una serie de observaciones, en la que se mencionan una serie de conductas u omisiones por parte de los ex funcionarios públicos pertenecientes al 25 Ayuntamiento con ejercicio del año 2009 a 2012.
En específico, la investigación que se abrió en el expediente 052/2013 es en torno a la retención de cuotas a empleados y funcionarios de la administración pública municipal, en el periodo de septiembre de 2009 a septiembre de 2012, y que presuntamente estas cuotas serían entregadas al Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional.
La investigación realizada por la Contraloría Municipal acreditó la responsabilidad administrativa de los ex funcionarios municipales Manuel de Jesús Baldenebro, Joel Ricardo Aguirre Yescas, Carlos Vélez Landeros, Marcela Judith Avilés, ya que recibieron diversas cantidades de dinero mediante cheques emitidos por la Tesorería Municipal, por el Organismo Operador Municipal del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, y por el DIF Municipal.
En total, los cheques emitidos a nombre de cuatro ex funcionarios suman 6 millones 894 mil 818.78 pesos.
Esos cheques correspondían a los recursos que fueron retenidos a funcionarios y empleados municipales sin que hubiera documentos de por medio que autorizaran esas retenciones. Tampoco los ex funcionarios tenían autorización alguna para recibir los cheques se emitieron a su nombre.
Por ese motivo, la Contraloría Municipal determinó imponer sanción económica a cada uno de los anteriores ex funcionarios, equivalente al daño causado, y además la sanción consistente en inhabilitación por el tiempo de diez años para desempeñar puestos, cargos, empleo o cualquier comisión en el servicio público, en base a lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios.
Además, la Contraloría Municipal acreditó la responsabilidad administrativa a los ex funcionarios María Guadalupe Meza Ojeda, Guillermo Adalberto Reina Celaya, María Aracely Aguilar Camarena y Susana Gutiérrez Noriega, por haber autorizado la emisión de los diversos cheques.
Por esta razón, la Contraloría Municipal determinó imponer la sanción consistente en inhabilitación por el tiempo de diez años para desempeñar puestos, cargos, empleo o cualquier comisión en el servicio público, en base a lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios.
De esta manera, la Contraloría Municipal de San Luis Río Colorado da cumplimiento a lo que marca la Ley en materia de las obligaciones de los servidores públicos y de la normatividad de combate a la corrupción.
Se reitera además el compromiso de la Contraloría Municipal de ofrecer resultados a la ciudadanía en materia de transparencia y rendición de cuentas conforme lo exige la propia comunidad.
elinformante
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