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| Samuel Moreno, otra vez. |
Hermosillo, Sonora.- Que haya un control efectivo en el gasto y las acciones del Gobierno pidió el coordinador de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Congreso de Sonora, Samuel Moreno Terán, ante el incumplimiento por parte de la Administración estatal que se ha documentado. El más reciente descubrimiento es que en 2013 el Estado "desapareció" 900 millones de pesos los cuales debieron ser pagados a proveedores.
Al exponer su posicionamiento en el Pleno de la Legislatura en la sesión extraordinaria celebrada ayer, Moreno Terán puntualizó que de manera directa han registrado fallas constantes en el ejercicio del Gobierno.
"Lo hemos visto de manera directa, lo hemos visto al escuchar interpretaciones de la ley, que no les corresponde hacer. A ellos solo corresponde cumplirlas, ejecutarlas", estableció Moreno Terán.
Consideró que pareciera que la intención es enfrentar a los ciudadanos de Sonora o que las políticas públicas se determinan atrás de un escritorio y no cerca de la gente. "No parece sensato, pero es la constante", enfatizó.
Detalló que el incumplimiento de la Ley por parte del Gobierno estatal se documenta en muchas acciones, como la falla en la obligación de publicar en tiempo y forma el Boletín Oficial, falta que dijo, provocó una situación muy delicada en la aplicación de la ley, en la que todavía pudiera haber mujeres afectadas al quitar validez jurídica a la figura delictiva del Feminicidio.
"Incluso debido a esto fue necesario convocar a la sesión extraordinaria que realizamos hoy", dijo.
En este sentido, indicó Moreno Terán, el Grupo Parlamentario del PRI impulsó el dictamen que reforma la Ley del Boletín Oficial, en la cual se garantiza y da certeza jurídica a las publicaciones del Boletín Oficial, pero sobre todo a los ciudadanos.
"También buscamos que sea en tiempo y forma la entrega de recursos a diversas dependencias y organismos descentralizados y al Congreso del Estado, lo cual no se ha cumplido", mencionó.
Reveló que en el Congreso del Estado se tomaron medidas jurídicas, como la presentación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero otras dependencias u organismos, no tienen las condiciones jurídicas o políticas para realizar dichas acciones.
"A los proveedores del Gobierno del Estado simplemente se les dejó de pagar desde el año pasado, por lo menos, para el 2014 asignamos 900 millones de pesos para el pago de pasivos a proveedores y prestadores de servicio, sin que a la fecha sepamos cómo han dispuesto el uso de esos recursos públicos ya que no se ha rendido un solo informe oficial al Congreso o a la opinión pública sobre esa obligación de pagar", dijo.
Falta de mediación en la Universidad
En cuanto al problema en la Universidad de Sonora (Unison), Moreno Terán dijo que el tratamiento al conflicto ha sido como siempre, sin procurar el consenso o la mediación.
"Al contrario haciendo calificativos que no corresponden a quien debe procurar las condiciones de diálogo y concertación", manifestó.
El interés superior es la Universidad de Sonora en su conjunto, abundó, considerando los alumnos, trabajadores, cuerpo académico y las autoridades.
"El consenso debe incluir a todos, no al revés como parece que propone el Gobierno", señaló.
El coordinador de la bancada del PRI-Verde reiteró que desde el Congreso continuarán señalando con sustento legal y documental estas acciones que lastiman a los ciudadanos.
"Daremos seguimiento a los procedimientos legales iniciados con motivo de las irregularidades de la Cuenta Pública estatal, que fueron contadas en miles, más de dos mil 600 observaciones.
"Y hay denuncias penales en el ámbito estatal, pero también ante la Procuraduría General de la República", puntualizó.
Existen iniciados procedimientos administrativos para la reposición de recursos públicos en los que no hay comprobación de cómo se gastaron, agregó.
"Es obligación del Congreso del Estado, no es ocurrencia ni es una determinación a la ligera", manifestó.
El caso del Fondo Estatal de Modernización del Transporte-FEMOT es emblemático, dijo, porque el Gobierno del Estado no ha podido comprobar el destino de los 600 millones de pesos ni ante el ISAF ni ante su propia Contraloría.
"Con este ejemplo se resume cómo trabaja la presente Administración estatal que ha venido actuando con desaseo y desorden financiero enfrentando posibles condenas administrativas y penales", indicó Moreno Terán.
elinformante
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