Redacción
México, D.F.- Se cumple un año del peor desastre ambiental en México, provocado por la minera Buenavista del Cobre de Grupo México, que contaminó los ríos Sonora y Bacanuchi, mientras las autoridades federales y estatales han pretendido 'resolver' el problema con declaraciones mediáticas y promesas.
Sin que hasta el momento se haya actuado en contra de los verdaderos responsables y sin haber avanzado de manera significativa en la remediación de los daños ecológicos, de salud y económicos de la región, afirmó la diputada federal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Lorenia Valles Sampedro.
Lamentó la incertidumbre y desesperación que sufre la población afectada, quienes siguen padeciendo la falta de atención médica, la reparación del daño económico, el desabasto de agua de calidad y la problemática en general que ha derivado de la afectación en las actividades primarias, de comercialización y turísticas en la zona.
La legisladora hermosillense exigió a la Procuraduría General de la República (PGR), no seguir retrasando los dictámenes correspondientes y se actúe en contra de los verdaderos responsables. Afirmó que "justicia que no se cumple, significa impunidad que se fortalece" y demandó a las autoridades de los distintos niveles que tienen responsabilidad de dar seguimiento a "acabar con las mentiras y el incumplimiento".
Deploró que se haya hecho caso omiso a su propuesta de que especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN), analizaran el muestreo del agua del río Sonora y Bacanuchi para descartar riesgos y brindar garantías a la población.
Lamentó la incertidumbre y desesperación que sufre la población afectada, quienes siguen padeciendo la falta de atención médica, la reparación del daño económico, el desabasto de agua de calidad y la problemática en general que ha derivado de la afectación en las actividades primarias, de comercialización y turísticas en la zona.
La legisladora hermosillense exigió a la Procuraduría General de la República (PGR), no seguir retrasando los dictámenes correspondientes y se actúe en contra de los verdaderos responsables. Afirmó que "justicia que no se cumple, significa impunidad que se fortalece" y demandó a las autoridades de los distintos niveles que tienen responsabilidad de dar seguimiento a "acabar con las mentiras y el incumplimiento".
Deploró que se haya hecho caso omiso a su propuesta de que especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN), analizaran el muestreo del agua del río Sonora y Bacanuchi para descartar riesgos y brindar garantías a la población.
Recordó que en noviembre, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), anunciaron que según un resultado de los análisis al caudal, el agua ya era apta para consumo humano, a pesar del alto grado de contaminación que sufrieron los ríos por metales pesados provenientes de la mina, y recordó que incluso, en aquel momento se decretó el fin de la contingencia ambiental.
Sin embargo entre las y los habitantes de la ribera afectada ha prevalecido la desconfianza, pues siguen padeciendo día a día los efectos de la contaminación en la salud y los ecosistemas. A un año de la tragedia ambiental, destacó, "estamos viendo que ni la contingencia ha terminado, ni los problemas generados han sido resueltos".
Enfatizó que es indispensable que tanto las autoridades como la empresa reconozcan que las afectaciones socio-ambientales en los siete municipios no han sido resueltas satisfactoriamente; es inadmisible encontrar en la página electrónica de Grupo México el anuncio de un 100 % de avance en la limpieza del río, por lo que exigió el saneamiento total de la cuenca, así como la habilitación y puesta en marcha de los nuevos pozos, para garantizar el agua para consumo humano.
Sin embargo entre las y los habitantes de la ribera afectada ha prevalecido la desconfianza, pues siguen padeciendo día a día los efectos de la contaminación en la salud y los ecosistemas. A un año de la tragedia ambiental, destacó, "estamos viendo que ni la contingencia ha terminado, ni los problemas generados han sido resueltos".
Enfatizó que es indispensable que tanto las autoridades como la empresa reconozcan que las afectaciones socio-ambientales en los siete municipios no han sido resueltas satisfactoriamente; es inadmisible encontrar en la página electrónica de Grupo México el anuncio de un 100 % de avance en la limpieza del río, por lo que exigió el saneamiento total de la cuenca, así como la habilitación y puesta en marcha de los nuevos pozos, para garantizar el agua para consumo humano.
Reiteró la urgencia de contar con información oficial sustentada sobre los muestreos realizados al agua de los ríos y transparentar los padrones de beneficiarios, ya que los 1 mil 067 millones de pesos que el Fideicomiso reporta como gastados se han ejercido con opacidad y sin criterios definidos.
Asimismo, urgió la construcción en Ures de la Unidad Epidemiológica comprometida para el seguimiento de la salud de los pobladores y agregó que es necesaria la inversión en la mejora de la infraestructura carretera y de servicios, así como la asignación de los recursos para el programa de apoyo para los productores agrícolas y ganaderos de la región.
Valles Sampedro señaló que es inaplazable la revisión y actualización de la Norma Oficial Mexicana NOM 127, que establece los límites permisibles de calidad y tratamientos a que debe someterse el agua para uso y consumo humano, lo que resulta fundamental para prevenir y evitar la transmisión de enfermedades, para lo cual se requiere establecer límites más estrictos en cuanto a sus características bacteriológicas, físicas, químicas y radiactivas.
Finalmente, dijo que tanto el Poder Ejecutivo en el estado de Sonora como el legislativo local y federal que entrarán en funciones este próximo septiembre tienen la responsabilidad de dar seguimiento a la problemática del Río Sonora.
Valles Sampedro señaló que es inaplazable la revisión y actualización de la Norma Oficial Mexicana NOM 127, que establece los límites permisibles de calidad y tratamientos a que debe someterse el agua para uso y consumo humano, lo que resulta fundamental para prevenir y evitar la transmisión de enfermedades, para lo cual se requiere establecer límites más estrictos en cuanto a sus características bacteriológicas, físicas, químicas y radiactivas.
Finalmente, dijo que tanto el Poder Ejecutivo en el estado de Sonora como el legislativo local y federal que entrarán en funciones este próximo septiembre tienen la responsabilidad de dar seguimiento a la problemática del Río Sonora.
Las y los diputados federales de la 63 Legislatura deben retomar el tema, pues las consecuencias de este lamentable hecho serán a largo plazo, por una parte se debe vigilar que la gente reciba la atención integral a la que tiene derecho como víctima de esta situación generada por Grupo México, empresa que está obligada a enfrentar la ley y asumir las consecuencias de su irresponsabilidad.
Así mismo, el gobernador Guillermo Padres debe rendir cuentas sobre el papel que el Gobierno del Estado ha desempeñado en la atención a la problemática y por su parte Claudia Plavlovich, debe asumir como una prioridad en su gobierno atender la difícil situación que enfrentan los habitantes del Río Sonora, concluyó.
elinformante
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