Deambulan por SLRC víctimas de Ley SB1070

Por Juan José Razzo

Aparte de ser una mujer sola, Guadalupe Ramírez, de 42 años de edad, se define como una víctima más de la Ley SB1070 del estado de Arizona, la cual motivó que fuera deportada a esta frontera.

Entrevistada en una banca de la Casa del Migrante “La Divina Providencia” de esta ciudad limítrofe de Sonora, platicó sobre su vida, la cual define como un ir y venir en la frontera, pues en trece años ha sido deportada tres veces.

Mencionó que en días pasados estaba afuera de un estacionamiento de casas rodantes en la localidad de Parker, Arizona, donde fue abordada por elementos de la Policía local.

“Llegó la Policía y me preguntó si tenía papeles como lucía latina, les eché mentiras y les dije que sí pero me llevaron a checar entonces me dijeron que no y me detuvieron”, explicó.

Refirió que eso se debe a la aplicación de la Ley SB1070, mediante la cual los policías locales pueden preguntarle a una persona sobre su estatus migratorio, “pero nomás nos preguntan a los que somos morenos y a los que lucimos latinos”.

Al día siguiente fue transferida a la estación de la Policía Fronteriza en Yuma, Arizona, desde donde fue trasladada al límite internacional con esta frontera, y repatriada.

Fue en 1999 que emigró ilegalmente a la Unión Americana, donde desde entonces trabaja en diferentes actividades, como el aseo de casas, fábricas, en los campos agrícolas y donde se pueda, dijo.

“Es difícil la vida para una mujer en el otro lado, pero en México es más. Allá rinde más el dinero, agarra uno y le puede mandar a su familia en México”, comentó.

Explicó que tiene cuatro hijos y los ayuda enviándoles dinero a Guadalajara, Jalisco, de donde es originaria, aunque eso lo dice de palabra porque carece de acta de nacimiento.

Expuso que su esposo es un drogadicto y aunque ella le pidió legalmente que cumpliera con las obligaciones familiares, las autoridades de México le dijeron que no podían obligarlo debido a su condición de farmacodependencia.

“Las autoridades me dijeron que mi esposo no estaba apto para mantener familia, adicto a la droga, y fue por eso que me vine al otro lado, para sacar adelante a mis hijos. Nunca me ayudó con nada”, narró.

Expresó que deseaba trabajar en esta frontera, pero al llegar se puso a lavar automóviles en el parque Juárez, mientras decidía qué hacer, pero el ayuntamiento le dijo que no tenía permiso y no podían otorgarle anuencia a una mujer.

“No me quisieron dar un permiso para trabajar. Cuando me dijeron eso les reclamé que desde cuándo trabajar es un delito en mi país”, manifestó Guadalupe Ramírez.

Recordó que en las deportaciones anteriores que ha tenido ha sido detenida en las ciudades fronterizas por querer trabajar, mientras los delincuentes verdaderos andan en las calles.

Mientras estaba en la Casa del Migrante “La Divina Providencia”, planteó que esperaba sumarse a un grupo de connacionales para irse con ellos y cruzar de nuevo ilegalmente a Estados Unidos, para continuar con su trabajo y su vida.

Pero eso lo haría por su cuenta, porque carece de los entre 5 mil y 7 mil dólares que cobra un “pollero” por trasladar a alguien desde la frontera mexicana a una ciudad de la Unión Americana.

elinformante